Desde Semillalandia os animamos a que expreséis vuestra opinión sobre este tema de absoluta actualidad que vuelve a poner el foco sobre el cannabis. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Xavier Trias, alcalde de Barcelona y candidato a la reeleción por CiU, ha decicido la aprobación exprés de una nueva regulación para los clubs cannábicos que conducirá a que la inmensa mayoría de ellos tenga que echar el cierre por incumplir la nueva norma. Os exponemos los hechos y las diferentes posturas de cada una de las partes, sin interpretaciones, y esperamos vuestras opiniones y comentarios al respecto.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha defendido este miércoles la aprobación por parte de la comisión de gobierno del plan urbanístico que regula los clubs de cannabis. “No queremos ser un referente de cannabis en el mundo”, ha advertido el alcalde, que ha añadido que el otro motivo de la nueva norma es preservar a los jóvenes de este tipo de consumo.
“Es una medida lógica”, ha proseguido. “Si alguien tiene interés en conocer los efectos que realmente tiene el cannabis en los jóvenes que vaya a los centros en los que los tratan y lo comprobará”, ha invitado.
SIN SU PRESENCIA
La celebración de la comisión de gobierno ha sido a primera hora de la mañana pero el propio alcalde no ha podido asistir porque estaba participando en un desayuno con la asociación de pequeñas y medianas empresas PIMEC.
“Queremos preservar a las escuelas y centros vinculados a la enseñanza de estos clubs de cannabis”, ha zanjado.
Los clubs cannábicos que se encuentren a menos de 150 metros de un equipamiento o un espacio de uso público cultural, deportivo, lúdico o sanitario cuya actividad esencial prevea la presencia de menores de edad, sea de titularidad pública o privada, tienen los días contados en Barcelona. Concretamente, 18 meses, a lo sumo. Así lo prevé el plan especial urbanístico que presentará el ayuntamiento de la capital catalana mañana, el primer paso de su estrategia de mano dura para regular las asociaciones de consumidores de cannabis en la ciudad tras la ofensiva en forma de inspecciones administrativas que se desarrolló con mayor intensidad en verano del año pasado.
El plan prevé un periodo de un año y medio para que las entidades que incumplan el requisito deban bajar la persiana definitivamente. Transcurrido este plazo, apenas quedarán funcionando «una veintena» de los 123 clubs cannábicos que a día de hoy operan en la capital catalana, según fuentes del consistorio. La rotunda criba, que clausurará más del 80% de los locales, se explica por la amplia lista de espacios que no podrán tener un club cannábico a menos de 150 metros.
«Hablamos de bibliotecas, colegios, piscinas, polideportivos, centros cívicos…», explican fuentes del ayuntamiento. Pero la limitación incluye también negocios privados si hay concurrencia habitual de niños. «Tanto una academia de idiomas como la consulta privada de un pediatra en cualquier barrio de Barcelona, computarán», exponen desde el ayuntamiento. «Básicamente, se trata de recintos en los que se desarrolle cualquier uso colectivo de tipo docente, cultural, deportivo, recreativo y sanitario, en los que haya una presencia habitual de menores», según concretan las fuentes.
BANALIZACIÓN / La iniciativa del gobierno municipal persigue «potenciar la seguridad en el entorno de las escuelas y otros equipamientos destinados a niños y jóvenes» al tiempo que se vela por «el cumplimiento de la normativa vigente» para «modificar la pauta social de banalización del consumo de drogas, especialmente los relacionados con el alcohol y el cannabis». Se considera que 150 metros es la distancia «acertada» para «garantizar la protección a la infancia» y que los clubs no representen un aliciente para el incremento de «fumadores potenciales». Entre los criterios esgrimidos por CiU sobre un «consumo excesivo de cannabis», se pone énfasis en factores como «el fracaso escolar, el deterioro personal y social y los problemas laborales» que puede acarrear. Asimismo, recuerda el grupo municipal las «consecuencias negativas para la salud de la adicción a cualquier droga», como la «disminución de la fertilidad y trastornos mentales como ansiedad o depresión».
El gobierno encabezado por Xavier Trias considera que con esta norma se acomete la gran prioridad que se marcaban para el sector del autoconsumo, la de ubicar los clubs en la ciudad de una forma ordenada para garantizar la protección de los menores «respetando el derecho al asociacionismo» de las entidades donde se consume cannabis. Y consideran ahuyentada la amenaza de que Barcelona se convierta en una referencia del turismo cannábico internacional gracias a las «exhaustivas inspecciones» de los locales que se han desarrollado. Junto al plan que se impulsará este miércoles, se considera que se evita la concentración de clubs en determinadas zonas de la ciudad
GARANTÍA SUFICIENTE / La iniciativa del gobierno de Trias no atiende aspectos relacionados con la actividad de estas asociaciones, como los horarios o el periodo de carencia necesario para aceptar a un nuevo socio, como reclamaban los partidos de la oposición. Desde el ayuntamiento se limitan a sostener que se reservan la potestad de aprobar nuevas normas que guarden relación con algunos de estos aspectos si se revela necesario. La distancia tampoco se aplicará entre clubs cannábicos, como reclaman algunos de los adversarios políticos de Trias en los próximos comicios. Para CiU, esta restricción respecto a locales y equipamientos infantiles es suficiente garantía para regular y controlar «la proliferación» de estas asociaciones.
MORATORIA PRORROGADA / La iniciativa no se plasmará en una ordenanza, por el momento, sino en un plan especial urbanístico, un instrumento disponible en el ámbito municipal que se juzga suficiente para regular esta actividad. La medida sirve para prorrogar un año más la suspensión de la concesión de nuevas licencias para la apertura de este tipo de establecimientos, que entró en vigor el 13 de junio del año pasado y vencía, por tanto, el mes que viene.
El proceso previsto para el plan es llevarlo a la comisión de gobierno, someterlo a exposición pública y resolver las alegaciones que se puedan presentar. Con la campaña electoral y los comicios del 24-M de por medio, las previsiones del consistorio en caso de mantener la alcaldía son que, tras la pertinente ronda con los partidos políticos, la aprobación definitiva del plan se produzca en pleno entre octubre y noviembre.
Uno de cada tres clubs cannábicos de los 145 que operaban en la ciudad de Barcelona incumplían la normativa municipal, según anunció el ayuntamiento a mediados de agosto del año pasado. Como consecuencia de la intensa campaña de inspecciones realizadas en estos establecimientos, 45 de estos clubs ya no pudieron levantar la persiana en noviembre por deficiencias de salubridad yseguridad, por tratarse de locales de venta o porque aceptaban la entrada de menores, entre otras irregularidades. El censo de estos locales no ha aumentado porque el consistorio decidió el pasado junio la suspensión de las licencias durante un año.
La actuación de las autoridades barcelonesas se ha centrado en aquellos establecimientos que incumplían la normativa municipal en cualquiera de sus aspectos. Pero más allá de estos requisitos administrativos, sobre la actividad desarrollada en los clubs cannábicos se cierne un cierto limbo legal. El Código Penal prevé condenas de entre 3 y 6 años de prisión para aquellas personas que cultiven o trafiquen con drogas, pero lo hace en unos términos expresados con tal ambigüedad que ya se han registrado diversas sentencias que han sentado jurispridencia y avalado la actividad de estos establecimientos ante la ley, según exponen desde la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC).
Sin embargo, cada caso es un mundo, y en función del juez que instruya el juicio se pronunciará una sentencia en uno u otro sentido, reforzando la sensación de «alegalidad» que no logran sacudirse estas entidades, según explica Jaume Xaus, vicepresidente de FAC. Este limbo legal que impera hasta el momento es precisamente uno de los grandes alicientes con los que se encuentran los visitantes foráneos y algunos propietarios de clubs, que aprovechan el filón turístico de la ciudad para realizar trapicheos que trascienden la labor descrita para estos locales, concebidos como entes sin ánimo de lucro. Así, al no haber ninguna norma vinculante, durante una temporada, algunos clubs pudieron aplicar protocolos lo suficientemente laxos como para que un turista recién llegado a la ciudad pudiera inscribirse sin las preceptivas esperas de entre 15 y 30 días de carencia que suelen aplicar la mayoría de establecimientos. También pueden alargar las jornadas más allá de las 8 horas recomendadas e incluso, en algunos casos, permiten el acceso a menores.
EFECTOS PALIATIVOS
De la misma forma que algunos clubs hacen negocio con una explotación alegal de sus funciones, existe el reverso de la moneda, con muchas entidades que consagran parte de sus actividades al uso terapéutico del cannabis. Pese a que la mayoría de socios de estos clubs fuman para fines recreativos, en torno a un 15% de las personas que acuden a estos locales consumen esta sustancia en busca de efectos que palien los síntomas de sus patologías, según datos de la FAC. Es el caso de enfermos de fibromialgia, o de cáncer, que ven aliviadas así las reacciones propias de la quimioterapia. O personas que, por motivos de salud, han perdido el apetito o el sueño.
El propio ‘conseller’ de Salut, Boi Ruiz, subrayó la necesidad de regular el uso terapéutico del cannabis para que los enfermos que recurren a su consumo no tengan en las entidades de consumo cannábico la única vía con la que mitigar parte de su malestar. La alternativa es el fármaco Sativex, el único de los que incluyen extractos de cánnabis que autoriza el Ministerio de Sanidad. En el 2013, solo 111 pacientes catalanes recibieron tratamiento con este fármaco. Salut confirmó que solo se receta para personas con esclerosis múltiple.
ESPECULACIONES
Otro aspecto a tener en cuenta en una futura regulación del consumo de cannabis es el relacionado con el cultivo y el transporte de esta sustancia. Ángel Benito, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya(Fedcac), aboga por «auditorías de la plantación» a través de un perito agrónomo que destierre posibles trapicheos.
«Se trata de demostrar que la cantidad de cannabis que se cultiva está en plena concordancia con la demanda de los socios del club».Una forma de evitar especulaciones sobre la actividad de los clubs que se refuerza si además se establece como norma de obligado cumplimiento la entrega de los libros de control a las administraciones, según argumentan desde la Fedcac y la FAC.