Como cuando llega una buena partida de maría a un club de autoconsumo, ayer también fue un día interesante para recoger ‘material’. Este también estaba relacionado con el universo cannábico, pero no se trataba de cogollos que destilen exóticas sensaciones, sino de que CiU tomara nota de cómo los diferentes partidos han acogido los planes de regulación de este sector en la capital catalana. El debate que acogió el Col·legi de Advocats de Barcelona ilustró que esos 150 metros de distancia con los queXavier Trias pretende distanciar los clubs de equipamientos frecuentados por menores se han convertido en una brecha que le separa de la mayoría de la oposición. Y de las entidades de autoconsumo, claro.
Con la apertura del turno de palabra, comenzó la batería de reproches de los partidos contra la estrategia del gobierno municipal. Desde las críticas de «electoralismo» y de sostener una idea «desproporcionada e improvisada», de la candidata del PSC Sara Jaurrieta, hasta las acusaciones de «menosprecio» a la labor que viene desarrollando el consejo de drogodependencias como recordó Jaume Asens, de Barcelona en Comú.
Desde ERC, Jordi Coronas abogó por dar una respuesta realista a las demandas de, dijo, las 300.000 personas asociadas a estas entidades. Maria Rovira, de la CUP, incidió en que la medida aboca a muchos de ellos a volver al mercado negro. Y casi todos se preguntaron de dónde partía el criterio de los 150 metros. Incluso las reticencias del PP con estas asociaciones se tornaban en dudas de por qué acotar un sector como el cannábico con un plan urbanístico, como dijo Belén Pajares, que admitió que se sentía en «territorio enemigo».
Hipocresía
Tampoco parecía jugar en casa Cristina Iniesta (CiU), que no convenció a casi nadie al decir que la aprobación era «solo inicial, no finalista» y que el periodo de alegaciones serviría para «consensuar» la estrategia. Más atención captó en el auditorio al admitir la «inconvenciencia» de que los actores interesados se enteraran del plan por la prensa y al avanzar que el consistorio deberá «indemnizar» a los clubs que deban bajar las persianas en el periodo de 18 meses tras la hipotética aprobación definitiva del plan. Sin embargo, no se aventuró a dar una cifra sobre la posible contraprestación a desembolsar a las entidades.
Sí lo hizo Amina Omar Nieto, abogada que representa a un centenar de clubs de toda España, y que habló de más de 12 millones, en base a «la media de 100.000 euros» que como mínimo han invertido los locales para adecuarse a la ordenanza municipal. La letrada se sumó a las voces que hablan de un trato hipócrita al cannabis respecto de otras sustancias, como el alcohol o el tabaco. Y también comparó el fumar maría con otras prácticas que han tenido un encaje más pragmático en la regulación municipal, como cuando se reguló la actividad de lo que el ayuntamiento acertó en calificar como «bares musicales con reservados para la prestación de servicios sexuales», recordó la letrada.
«¿Adónde iran ese 80% de usuarios que van a ver cómo cierra su club? ¿Es mejor que fumen en el parque, como antes, o que consuman un producto adquirido en la calle, sin las garantías del cannabis de un club?», se preguntaba otro usuario, sin obtener respuesta. José Afuera, presidente de la CatFAC (Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya) quiso saber qué iba a argumentar cada partido en sus alegaciones en oposición al plan. Mayoría de oposición a la estrategia de CiU, pero diversidad de criterios: desde tumbarlo en el pleno hasta recurrir a la justicia. Otra vez el abismo. Un abismo de más de 150 metros.