El Gobierno municipal de Ada Colau revisará el plan especial urbanístico que restringe la normativa de los clubes de cannabis. El plan, que supondría el cierre del 80% de los 120 clubes existentes en la ciudad fue aprobado inicialmente por el exalcalde Xavier Trias la víspera del inicio de la campaña electoral del pasado mayo.

El texto, que las asociaciones cannábicas interpretaron como una declaración de guerra, se encuentra en periodo de exposición pública para recibir alegaciones, un plazo que está a punto de finalizar. Lo que ha hecho el equipo de Colau es prolongar un mes este periodo, para “revisarlo bien”. La idea es analizar las alegaciones de las asociaciones, con quien el Ejecutivo municipal ya ha mantenido varias reuniones, según explican las dos federaciones que agrupan a las entidades (Fedcac y CatFAC).

El plan especial urbanístico para la ordenación territorial de los clubes y asociaciones de consumidores de cannabis en Barcelona prevé que no pueda haber locales de consumo de cannabis a menos de 150 metros de equipamientos o espacios públicos o privados frecuentados por menores. Desde una escuela o polideportivo hasta la consulta de un pediatra o una tienda de chuches. Una distancia que, cuando se conoció, las entidades juzgaron que “no responde a ningún criterio razonable más allá del moralista”.

Proteger a la infancia

El anterior primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, argumentó que el plan especial buscaba “proteger a la infancia y que los clubes no supongan más fumadores potenciales”. El plan también contempla un plazo de 18 meses después del cual las asociaciones que no cumplan quedarán fuera de ordenación. Una retroactividad que las entidades también criticaron duramente.

Las entidades aplauden ahora la prórroga del plazo de alegaciones. La portavoz y coordinadora de la FedCac, Gabriela Sierra, recuerda que la nueva normativa se aprobó cuando el sector estaba dialogando con el Ayuntamiento y los partidos políticos. “Trias rompió el pacto de no hacer electoralismo en el tema de las drogas y menospreció el trabajo hecho”, lamenta.

“El único objetivo del plan es el cierre masivo. Los argumentos no están justificados. Admitimos que hay descontrol en el centro de la ciudad, pero las leyes no se hacen para una minoría; lo que hay que hacer es pedagogía”, explica Sierra.